Se habían emitido más de 80 órdenes de aprehensión entre ellas 20 a militares de los batallones de la ciudad de Iguala, donde desaparecieron los jóvenes

El Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido por primera vez que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotiznapa se trató de «un crimen de Estado» y, en las últimas semanas, las autoridades han detenido en relación al caso al exfiscal Jesús Murillo Karam, acusado de torturas; y a cuatro militares de alto rango.

El pasado 18 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa presentó el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, en el que, además de reconocer que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado, se detalla que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles.

También se confirmó la infiltración en la escuela de un soldado infiltrado, Julio César López Patolzin, que habría ayudado presuntamente a localizar a los estudiantes y que terminó por desaparecer junto con los otros 42 jóvenes.

«Es muy relevante que el Estado reconozcan por un lado que hubo responsabilidad estatal en las desapariciones, que no se trataba solo de un grupo de policías locales coludidos con un grupo pequeño del crimen organizado», dijo en entrevista con Efe María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Explicó que el informe reconoce la colusión de los tres niveles del Estado, «el estatal, el federal e incluso militares castrenses».

Otro tema del informe «no tan visible», relató, son los obstáculos que se han interpuesto por parte de las Fuerzas Armadas para alcanzar la verdad, ya que tardaron tres años en entregar la información relativa al caso a pesar de un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que ordenaba que todas las instituciones hicieran entrega de estos documentos.