El Senado de la República aprobó un proyecto que permite y garantiza a las personas indígenas y afromexicanas contar con un intérprete, traductor y defensor de carácter público que conozca tanto su lengua como su cultura, como parte de su asistencia jurídica.
El objetivo que tiene esta reforma es diseñar programas de certificación y acreditación de técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües, que integren el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.
Cabe destacar que estos especialistas deberán conocer la cultura de la que se trate, además de estar debidamente capacitados en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.
Este proyecto modificaría la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Este decreto ya fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
