La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) advirtió que en las comunidades afectadas por el desplazamiento forzado podría existir un importante subregistro de homicidios, debido a que el miedo provocado por los grupos del crimen organizado impide que las familias denuncien los asesinatos de sus seres queridos. En muchos casos, explicó la comisionada Norma Ledezma, las víctimas únicamente recogen los cuerpos y les dan sepultura sin notificar a las autoridades.

La violencia ejercida por grupos del crimen organizado no solo obliga a las familias a abandonar sus hogares, sino que en muchos casos deja un saldo de homicidios que ni siquiera llega a conocimiento de las autoridades. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), existe un subregistro de personas asesinadas en las comunidades afectadas, ya que el miedo a represalias lleva a los habitantes a no denunciar los crímenes, limitarse a sepultar a sus familiares y huir de sus lugares de origen para intentar salvar la vida. Esta dinámica de terror dificulta dimensionar el impacto real de la violencia y agrava la crisis de desplazamiento forzado en la entidad.

Relató que esta situación ocurre principalmente en pequeñas comunidades de la Sierra, donde habitan apenas seis, ocho o diez familias. Según explicó, cuando los grupos delictivos irrumpen en estos poblados asesinan a algunos habitantes para sembrar el terror y obligar al resto a abandonar sus hogares. Debido al aislamiento de estas localidades y al temor de sufrir nuevas agresiones, los homicidios nunca son reportados oficialmente.

Como ejemplo, narró el caso de una mujer desplazada que llegó a la ciudad de Chihuahua tras el asesinato de su hijo. Durante la entrevista realizada por personal especializado de la CEAVE, la madre reveló que tuvo que sepultar ella misma a su familiar antes de huir. Esta situación los llevó a revisar con autoridades ministeriales y fiscales de la región, no existía ningún registro oficial del homicidio, lo que confirma que este tipo de casos permanece fuera de las estadísticas.

La funcionaria explicó que, además del desplazamiento, estas personas enfrentan graves secuelas emocionales y económicas. La madre afectada, dijo, perdió su empleo debido a los constantes episodios de ansiedad, depresión y angustia derivados del crimen y del desplazamiento, por lo que actualmente recibe acompañamiento como víctima tanto de homicidio como de desplazamiento forzado.

Ante este panorama, la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno hizo un llamado a las personas desplazadas para que se acerquen a cualquiera de las instituciones que la integran, aun cuando no deseen presentar una denuncia penal. Norma Ledezma enfatizó que el acceso a la atención humanitaria, médica, psicológica y a los distintos apoyos gubernamentales no está condicionado a iniciar una carpeta de investigación, ya que el objetivo es brindar protección y garantizar los derechos de las víctimas.

Norma Ledezma Ortega reveló además que existen testimonios de habitantes de pequeñas comunidades serranas que aseguran haber sepultado a familiares asesinados sin reportar los hechos a las autoridades, debido al aislamiento de las localidades y al miedo que prevalece entre la población.

Señaló que esta situación hace presumir que pudiera existir un subregistro de víctimas mortales relacionadas con la violencia en la región, ya que algunas familias prefieren abandonar sus comunidades después de sepultar a sus seres queridos sin iniciar denuncias formales.La comisionada añadió que muchas familias abandonan sus comunidades con lo indispensable y continúan desplazándose hacia otros municipios o incluso a otros estados, lo que dificulta su localización y atención. Por ello, insistió en que es fundamental que las personas afectadas se acerquen a cualquiera de las dependencias que integran la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, ya que solo así podrán recibir orientación, apoyo humanitario y acompañamiento para reconstruir su proyecto de vida en condiciones de mayor seguridad.

Finalmente, subrayó que el objetivo es garantizar atención humanitaria, apoyo médico, alimentación, orientación y acompañamiento integral, al considerar que la protección de los derechos humanos debe estar por encima de cualquier límite institucional o de competencia.