CIJ impone medidas cautelares a Israel pero omite el alto al fuego en Gaza

Este viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió seis medidas cautelares a Israel en respuesta a una solicitud urgente presentada por Sudáfrica. Aunque inicialmente se plantearon nueve medidas, la CIJ redujo la lista a seis, todas diseñadas para prevenir un inminente genocidio contra la población civil palestina en Gaza.

Sorprendentemente, entre estas medidas no se incluyó la solicitud de un alto el fuego, una omisión que generó controversia.

“Riesgo plausible” de genocidio

La CIJ fundamentó su decisión en la consideración de un «riesgo plausible» de genocidio contra los palestinos en Gaza, especialmente tras la ofensiva militar iniciada por Israel en respuesta al ataque de Hamás el 7 de octubre pasado.

La CIJ exigió a Israel, como primera medida cautelar, “tomar todas las medidas en su poder para prevenir la comisión de todos los actos” recogidos en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), que, entre otras cosas, prohíbe “matar miembros del grupo” o “infligirles deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial”.

En este sentido, como segunda medida, Israel deberá “asegurarse con efecto inmediato de que sus militares no cometan” ninguno de esos actos prohibidos por la Convención, y, al mismo tiempo, tomará “todas las medidas en su poder para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer un genocidio” de los civiles en Gaza.

“El Estado israelí adoptará medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones de vida adversas que enfrentan los palestinos en la franja de Gaza”, indicó la CIJ como cuarta medida cautelar.

Asimismo, añadió en la dos siguientes exigencias, el gobierno israelí debe prevenir la destrucción, asegurar la preservación de todas las pruebas relacionadas con este caso, que rodea la violación de la Convención sobre el Genocidio, y entregar un informe en un plazo de un mes donde explique “todas las medidas tomadas” para cumplir con estas órdenes.