* Transitar hacia una movilidad eléctrica requerirá más de mil millones de pesos y un cambio de modelo económico, advierten expertos

Ciudad de México.— Ocho de cada diez mexicanos viven en entornos urbanos donde la calidad del transporte público determina el acceso a oportunidades, la salud y el aire que se respira. En esas mismas ciudades, la contaminación vehicular es hoy una de las mayores fuentes de desigualdad social y ambiental.

Durante la mesa “Descarbonización del transporte rumbo al 2050”, organizada por la Iniciativa Climática de México (ICM) en el marco de México por el Clima: Semana de Acción, especialistas coincidieron en que la electrificación del transporte público no puede postergarse más: se trata, dijeron, de una política de justicia social tanto como de sostenibilidad ambiental.

“La movilidad eléctrica no es un lujo ni una moda, es una necesidad para garantizar el derecho a la salud y a un entorno limpio”, sostuvo Rodrigo Osorio, experto en transición energética.

Según cálculos de la ICM, México requerirá al menos 1,080 millones de pesos para electrificar la flota de transporte público en las 94 ciudades más importantes del país. Actualmente, el transporte urbano representa alrededor del 25 % de las emisiones de gases contaminantes del sector energético, lo que convierte su transformación en una prioridad climática y sanitaria.

Los especialistas coincidieron en que el principal obstáculo no es técnico, sino estructural y político: el país necesita rediseñar subsidios, crear infraestructura de recarga eléctrica, capacitar a operadores y establecer mecanismos de financiamiento verde que permitan la renovación progresiva de autobuses, trolebuses y taxis colectivos.

El aire que se respira y la brecha urbana

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la OMS, en urbes como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Chihuahua, los niveles de partículas finas (PM2.5) superan con frecuencia los límites recomendados, especialmente en zonas periféricas donde el transporte es más viejo y menos eficiente.

“Las personas con menos recursos son quienes más pagan por un transporte deficiente: respiran peor aire, gastan más y tardan más en llegar a su trabajo”, afirmó Adriana Lobo, directora ejecutiva del WRI México.

De la infraestructura al derecho a la movilidad

Para los expertos, el desafío es redefinir el transporte como un derecho social y no como un servicio desigual. Eso implica pasar del enfoque carretero al de movilidad sustentable, con rutas planificadas, infraestructura para bicicletas y peatones, y flotas limpias.

El futuro, concluyeron, dependerá de que México asuma la movilidad eléctrica no solo como una estrategia climática, sino como una herramienta para reducir la desigualdad urbana y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos.

«Hablar de transporte eléctrico es hablar de justicia ambiental: quién puede respirar, moverse y vivir mejor en nuestras ciudades”, resumió Osorio.