Echando mano de recursos variados, como el reclutamiento de legisladores de Oposición y el uso de una aplanadora legislativa, Morena y sus aliados en el Congreso sacaron adelante prácticamente el Plan C que diseñó el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y que continuó la Presidenta Claudia Sheinbaum: la reforma al Poder Judicial, la desaparición de siete órganos autónomos, la readscripción de la Guardia Nacional y la prohibición de comercialización de vapeadores, entre otros, son los temas avalados por la Legislatura en funciones.

LOGRAN IMPONERSE; REDISEÑAN AL PAÍS

Con el 78 por ciento del Plan C aprobado, la Cámara de Diputados concluyó el primer periodo ordinario de la actual Legislatura.

Con prisas y en algunos casos con inconsistencias y errores, Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo usaron su mayoría aplastante para avalar 14 de las 18 reformas constitucionales propuestas por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales fueron retomadas como prioridades por su sucesora, Claudia Sheinbaum. Pocas de ellas fueron acompañadas con el voto de la Oposición.

La primera reforma constitucional impulsada por la mayoría se enfrentó a la resistencia de los trabajadores del Poder Judicial, quienes obligaron a los legisladores a trasladarse a la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca y a discutir los cambios constitucionales en circunstancias que hoy siguen poniendo en tela de juicio la legitimidad de su aprobación.

Morena y sus aliados ignoraron también la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y modificaron la Constitución para volver a ampliar la prisión preventiva oficiosa, ahora para incorporar delitos como la extorsión.

Las modificaciones siguen siendo rechazadas por un grupo de trabajadores y su implementación ha generado la crítica de quienes se oponen a ella, no sólo por la incorporación de personas afines a Morena en los Comités que analizan los perfiles de aspirantes a Jueces, Magistrados y Ministros, sino por el recorte de más de 13 mil millones de pesos al presupuesto para 2025 del INE que, afirman, compromete la legitimidad de la elección judicial.