La extorsión de 500 pesos que manifestaron los ruteros de la línea 5-A fue una situación para distraer los reflectores que ha solicitado gobierno del Estado, sobre el tema de cumplimiento de la mejora del transporte público.
«Sí, recibimos el reporte de que una persona pretendía cobrar para iniciar la prestación de servicio, lo atendimos inmediatamente, pero encontramos el antecedente que los propios concesionarios tenían un acuerdo, en el cual, ellos de manera libre y cotidiana el pago de esta cantidad», aclaró Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno.
Destacó que el gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Transporte, no participa, ni tiene nada que ver en esa colecta o petición de pago para la prestación de servicios.
«Hemos estado atentos para que esto no pudiera reunir los elementos constitutivos de un delito, para garantizar sobre todo la prestación de servicio y para salvaguardar la seguridad de los chóferes que hicieron la denuncia», declaró De la Peña.
Enfatizó que el avance que se ha tenido por parte del Estado y la cercanía del plazo que se tiene para retirar concesiones hace que se empiecen a filtrar informaciones que pretenden llamar la atención de las autoridades y quitar el foco de lo que es la mejora de transporte público en Ciudad Juárez.
A los concesionarios se les dio un plazo de 90 días desde su notificación para comenzar acciones de modernización de camiones año y modelo; En siete o nueve días comenzarán a llevar a cabo las primeras revisiones.
Destacó, que no hay un plazo de vencimiento como tal, porque empieza a correr según fueron llegando las notificaciones, la cual va en el 90 por ciento.
«No va a haber prórroga, quien no esté cumpliendo, se iniciarán los procedimientos para cancelar concesiones, y daremos prioridad a quienes sí hayan cumplido, de lo que se trata es de garantizar el servicio público y apostar por los cumplidos», anunció el secretario general de Gobierno.
