Este martes, cerca de las 10:00 de la mañana, la chihuahuense Samara Martínez presentará, ante el Senado de la República, la iniciativa de Ley Trasciende, misma que busca derogar los artículos del Código Penal Federal que tipifican a la eutanasia y al suicidio asistido como “homicidio por piedad”, marcando un antes y después en la política mexicana.

Como parte de las actividades programadas para este día, indicó la promovente, se contempla la realización de un foro conversatorio acompañado por especialistas en bioética, derechos humanos y salud. Este evento, señaló, busca profundizar en la necesidad de reconocer a la eutanasia como un procedimiento especializado en México, que permite que las personas en un estado grave de salud puedan decidir cómo morir y en qué condiciones.

La propuesta busca modificar tanto la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y los códigos de profesiones, para que aquellas personas mayores de edad que cuenten con una enfermedad crónico-degenerativa con plena consciencia de sí mismos, o quienes padezcan un trastorno cerebral degenerativo progresivo como la demencia y el Alzheimer, puedan acceder a la eutanasia.

Para que una persona pueda acceder a este servicio, según lo dicho por la promovente, requerirá al menos de dos diagnósticos clínicos de especialistas diferentes que certifiquen que la condición que sufre el paciente es amenazante para la vida o discapacitante.

Desde mediados de septiembre, Samara, de 30 años de edad, ha compartido su testimonio. En entrevistas para esta casa editora señala que actualmente, sufre de insuficiencia renal crónica en etapa terminal, además de lupus eritematoso sistémico, glomeruloesclerosis focal y segmentaria, hipertensión y dislipidemia mixta, de ellas se derivan cuestiones secundarias como anemia.

Ha relatado que cada día se conecta a una máquina por al menos diez horas para poder continuar con su vida, mientras la aquejan dolores constantes en las articulaciones y en el abdomen.

Por ello, reconoce, busca tener la oportunidad de decidir sobre su destino, tras una década de luchar contra su cuerpo y las enfermedades autoinmunes que padece.

La Ley Trasciende busca derogar el artículo 326 de la norma penal federal, y establecer una serie de filtros médicos y legales para todos aquellos que deseen acceder a este procedimiento y poner fin a su vida, bajo supervisión médica y con completa consciencia de la decisión.

Toda la documentación deberá presentarse ante un notario público que dé fe y legalidad de los documentos. Además, cinco días después de la solicitud, se contactará nuevamente a la persona interesada para refrendar su decisión, con el fin de garantizar que esta sea reflexionada y no producto de un momento crítico emocional.