El Gobierno de México presentó los principales cambios que contempla el paquete de reformas en materia de aguas nacionales, con lo que se busca ordenar el otorgamiento de concesiones en el país y frenar prácticas que, por décadas, han generado desigualdad en el acceso al recurso hídrico. De acuerdo con autoridades federales, el objetivo es garantizar que el agua llegue primero a quienes la necesitan para actividades esenciales, especialmente comunidades rurales y pequeños y medianos productores.
Durante la conferencia matutina y tras no lograr acuerdos con los campesinos y transportistas, que exigen entre otras cosas cambios a la Ley de Aguas Nacionales, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), señaló que quienes están preocupados por las reformas, son quienes acaparan el agua y han realizado acciones al margen de la ley en la compra de volúmenes.
El paquete de reformas contempla la Ley General de Aguas, encargada de establecer las bases para la reglamentación del artículo 4° constitucional, y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que regula el artículo 27. Esta última es especialmente significativa, pues busca que el Estado Mexicano recupere la rectoría sobre el manejo de las aguas nacionales, garantizando que su administración se realice en beneficio del pueblo de México. Esta es la que más descontento ha generado entre el sector productivo.
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales incorpora cambios destinados a actualizar el marco regulatorio y fortalecer la capacidad del estado para proteger y administrar adecuadamente las aguas nacionales.
El cambio más relevante de la iniciativa es que el Estado Mexicano será el único facultado para otorgar concesiones de agua, eliminando la posibilidad de transferir títulos entre particulares. Efraín Morales explicó que, desde 1992, personas con mayores recursos económicos pudieron acumular múltiples concesiones, concentrando grandes volúmenes de agua mientras otros sectores quedaban sin acceso suficiente.
Otro punto central es la eliminación de los cambios de uso en las concesiones. Actualmente, permisos otorgados para fines agrícolas pueden terminar utilizados en parques industriales, campos de golf o desarrollos inmobiliarios, lo que ha generado desorden y afectaciones ambientales. Con la nueva regulación, dijo, se busca impedir estas prácticas y fortalecer el control del estado sobre el destino del agua.
La propuesta también contempla la creación del Registro Nacional de Agua, una plataforma pública que permitirá conocer quiénes son los beneficiarios de concesiones, cuánta agua tienen asignada y bajo qué criterios se otorgaron. Autoridades señalaron que la transparencia será clave para evitar irregularidades y recuperar la confianza ciudadana.
Asimismo, aclararon que la iniciativa no afecta la herencia ni la compraventa de tierras, como se ha difundido en algunos espacios. Afirmaron que los derechos de transmisión patrimonial se mantienen intactos y que, en casos de venta de propiedades el binomio tierra-agua es indivisible, se podrá emitir un nuevo título de concesión a nombre del comprador, garantizando certeza jurídica.
Otro de los ejes de la ley es el fortalecimiento de los procedimientos para combatir el robo de agua. Las autoridades expusieron que los sistemas de extracción ilegal se han vuelto altamente sofisticados, y aunque existen mecanismos para intervenir, estos suelen ser lentos. La nueva normativa contempla sanciones más severas para inhibir estas prácticas.
También se plantea la creación de un fondo de reserva de aguas nacionales, destinado principalmente a comunidades indígenas y localidades que actualmente carecen de concesiones suficientes para un suministro estable. Además, se eliminará la figura del “acaparamiento especulativo”, que permitía a algunos usuarios mantener títulos sin utilizarlos, bloqueando el acceso de otros sectores.
Finalmente, se promoverá el uso eficiente del agua mediante la tecnificación del riego, la medición obligatoria del recurso y la regulación de la captación pluvial para evitar afectaciones al ciclo hidrológico. Las autoridades señalaron que quienes se oponen a la iniciativa defienden intereses que han mantenido la acumulación del agua durante años, mientras la propuesta busca garantizar el derecho al recurso para las comunidades rurales e indígenas. La discusión continuará en los próximos días en la Cámara de Diputados.
