El coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Francisco Sánchez Villegas, presentó la iniciativa denominada “Ley Anti-Dato Protegido”, cuyo propósito es garantizar que los ciudadanos no sean sancionados ni obligados a disculparse por ejercer su derecho a la crítica hacia autoridades o representantes políticos.

El legislador afirmó que resulta inadmisible que en un país democrático se utilicen instituciones del Estado para imponer disculpas públicas a quienes expresan opiniones o señalamientos sobre el desempeño de funcionarios.

“Obligar a una ciudadana a pedir disculpas por emitir su opinión es lo más execrable, indigno y denigrante que puede hacer un político sobre los ciudadanos”, declaró.

La propuesta plantea reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) con el objetivo de que los organismos electorales garanticen de manera explícita la libertad de expresión, evitando sanciones desproporcionadas contra quienes ejercen una crítica legítima.

En tribuna, Sánchez Villegas denunció una práctica “autoritaria”, en la que algunos actores políticos utilizan recursos institucionales para inhibir la crítica y el disenso. Subrayó que el debate político y social debe sostenerse en argumentos, no en sanciones legales que restrinjan la voz ciudadana.

“Creo en la libertad de expresión como cimiento sólido de una democracia saludable. Veo con repudio y desdén que este régimen obligue a quienes ejercen la crítica a someterse mediante disculpas públicas. No están solos, cuentan conmigo; basta de dictadura del pensamiento y de censurar al pueblo”, agregó.Asimismo, recordó que en diversas ocasiones organismos jurisdiccionales han ordenado a ciudadanos disculparse por comentarios hechos en redes sociales o espacios públicos, lo que, dijo, sienta un precedente negativo para la libertad de pensamiento y la pluralidad política.

La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis, donde se evaluará si procede la reforma planteada por el legislador chihuahuense ante la LGIPE, con el fin de blindar a la ciudadanía contra sanciones que limiten su libertad de expresión.