El cobro de cuotas diferenciadas a estudiantes extranjeros en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) llegó a los tribunales federales luego de que un joven de origen hondureño promoviera un juicio de amparo al considerar que esa práctica vulnera su derecho a la educación y constituye un acto de discriminación.

El recurso legal fue interpuesto el pasado 30 de junio de 2026 por Emiliano, con el acompañamiento de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), mediante un amparo indirecto en el que reclama la violación a los derechos fundamentales de educación y no discriminación establecidos en la Constitución.

De acuerdo con la organización, el estudiante no pudo concluir su inscripción el pasado 8 de junio debido al monto que la universidad le exigía cubrir por su condición de extranjero, pese a que reside en Ciudad Juárez desde los cuatro años y cuenta con residencia permanente en México.

DHIA señaló que el artículo 3 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la educación bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, lo que implica garantizar el mismo trato y oportunidades para todas las personas, eliminando obstáculos económicos o sociales que limiten el ejercicio de ese derecho.

Emiliano fue aceptado en la Licenciatura en Arquitectura del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), pero para iniciar el semestre debía cubrir un pago de 34 mil 105 pesos, cifra considerablemente superior a la que se exige a estudiantes mexicanos.

Como antecedente, la organización expuso que en el tarifario universitario correspondiente al semestre febrero-junio de 2015 la inscripción para estudiantes nacionales era de 2 mil 250 pesos, mientras que para extranjeros ascendía a mil 461 dólares, equivalentes entonces a aproximadamente 21 mil 885 pesos. Además, el costo por crédito académico también era significativamente mayor para alumnos de otra nacionalidad.

Según la demanda de amparo, el 9 de junio Emiliano solicitó una reunión con autoridades universitarias para conocer las razones del cobro diferenciado. La respuesta que recibió fue que las tarifas estaban previstas en los estatutos de la institución y que podía solicitar una prórroga para cubrir el monto requerido.

La organización sostiene que esa respuesta mantiene una medida discriminatoria basada exclusivamente en el origen nacional del estudiante, contraviniendo el artículo 1 de la Constitución, el cual prohíbe cualquier acto de discriminación y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Asimismo, argumenta que la autonomía universitaria no puede utilizarse para justificar medidas que limiten derechos fundamentales. Recordó que la jurisprudencia 119/2017 establece que la autonomía de las universidades públicas debe ejercerse en armonía con la Constitución y privilegiando el acceso efectivo a la educación.

Como parte del proceso judicial, el pasado 2 de julio el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua concedió una suspensión provisional a favor del estudiante, ordenando a la UACJ emitir una nueva boleta de pago con el mismo monto que corresponde a un alumno mexicano y permitirle formalizar su inscripción para cursar la licenciatura.

No obstante, DHIA advirtió que el derecho a la educación de Emiliano continúa en riesgo mientras no exista una sentencia definitiva que resuelva el fondo del asunto y determine si el esquema de tarifas diferenciadas es compatible con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

La organización consideró que, de obtener una resolución favorable, el caso podría convertirse en un precedente para otras personas en situación de movilidad que buscan acceder a la educación superior en México, además de impulsar la discusión sobre la necesidad de implementar políticas de integración e igualdad de oportunidades en el estado de Chihuahua.